"Gracias a los créditos fiscales, vamos a financiar un segundo rescate
bancario. En silencio. La operación equivale a la oficialización de un
aval por más de 40.000 millones. ¿Cuánto acabará costando al
contribuyente? ¿Será gratis total para la banca? ¿Acaso esta aportará
contrapartidas?
Reitera el Gobierno que este segundo rescate, constituido por avales o
garantías —vía activación de los créditos fiscales—, en vez de dinero
líquido, es un mero apunte “contable”. Y que por tanto no nos costará
nada. De momento. Y a largo plazo, tampoco: salvo desastre, pérdidas o
insolvencia en alguna entidad de las beneficiadas.
Se nos dijo que el primer rescate, aquel al que la eurozona aportó 42.000 millones, no nos costaría nada. Y
llevamos un susto: ya se dan oficialmente por perdidos cerca de 40.000
millones de euros y eso que el rescate nos salía gratis. La mayor parte de la factura recaerán en el bolsilllo de los contribuyentes. Es lógico que se inquieten. ¿Volverá a pasar?
De entrada, el primer rescate es superior a los 42.000 millones
europeos (concedidos como préstamo a muy buenas condiciones, pero que
tenemos que devolver). La inyección de capital a las cajas/bancos en
crisis se cifró en 61.366 millones, según nota del Banco de España de 2
de septiembre de 2013.
Pero el total de ayudas fue mayor: ascendió a
107.913 millones, según reciente informe del Tribunal de Cuentas al
Congreso. Estos 100.000 millones largos incluyen no solo transferencias,
sino también avales (como los esquemas de protección de activos) y
líneas de crédito.
Del total, dos tercios largos es dinero público y un
tercio proviene del Fondo de Garantía de Depósitos. O sea, de los
bancos, o mejor, de sus clientes, porque las entidades les repercuten
sus costes. No todo se perderá, pero sí mucho, depende de si, cuánto,
cómo y cuándo se sanean las entidades rescatadas: pero pecharán los
contribuyentes.
La parte europea del primer rescate conllevó un rigor fuerte, propio
de administraciones serias: la UE impuso (santamente) en el Memorándum
de Entendimiento del 10 de julio de 2012 hasta 32 condiciones a España:
al Gobierno y a las cajas rescatadas. Y a la banca sana no rescatada (la
11: planes de recapitalización; la 25, planes contra el deterioro de
activos...)
De momento este segundo rescate va de guays, sin condiciones, ni
siquiera se reconoce que es un paquete reflotador, sino un apunte
contable, vaya con el nominalismo.
En reiteradas ocasiones, alguien tan poco sospechoso como el FMI ha exigido que se acompañe de exigencias (EL PAIS, 15 de julio de 2013). Sobre todo, que este regalo lo compensen las entidades con una más generosa concesión de créditos,
para reanimar la economía.
“Las autoridades deben garantizar que esta
medida se acompañe de medidas adicionales para fortalecer sus balances y
su capacidad de prestar y que sus implicaciones presupuestarias sean
mínimas” (Informe 14/549 del FMI, febrero 2014). Por esta vez, nada que
añadir." (
Xavier Vidal-Folch , El País, 24/04/2014)
"El balón de oxígeno que dio el Gobierno a la banca con un decreto ley a finales del año pasado ha desbordado las previsiones.
La norma aprobada por el Consejo de Ministros del 29 de noviembre pasado convirtió en monetizables, esto es, garantizados por el Estado, parte de los créditos fiscales que permitirían a los bancos ahorrarse impuestos en el futuro. Ello ha supuesto finalmente que los bancos salven más de 40.000 millones de euros de capital, según los datos recopilados por EL PAÍS de las principales entidades financieras españolas.
El Estado responde de esos créditos fiscales en caso de que los bancos no los puedan usar para compensar beneficios futuros, lo que conlleva un riesgo de pérdida que el Gobierno minimiza.
La cifra de 40.478 millones en activos fiscales monetizables que suman los 15 principales bancos supera en un 35% la estimación de 30.000 millones para todo el sector que señaló el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando presentó el decreto. Una diferencia de más de 10.000 millones. (...)
Por ello, ante las futuras pruebas de resistencia a la banca y ante los demás pasos hacia la unión bancaria, el Gobierno ha favorecido a las entidades con la aprobación de esta norma, que tiene un gran impacto en las ratios de solvencia.
De hecho, si se suman las cifras de las entidades no incluidas en el cómputo, el total superará los 41.300 millones prestados en el rescate de España para recapitalizar la banca. Es decir, el aval público a los créditos fiscales aportará a las cifras de solvencia tanto como el rescate financiero, aunque por vías y con implicaciones muy diferentes. (...)
Mientras que el rescate supuso una inyección de capital real (la mayor parte del cual se ha traducido en pérdidas para el sector público pese a las proclamas que se hicieron en sentido contrario desde el Gobierno), ahora lo que se produce es una especie de aval o garantía, cuyo impacto económico dependerá de lo que pase a lo largo de los próximos 18 años.
Solo si una entidad no puede aprovechar esos créditos fiscales para ahorrarse impuestos en un plazo de 18 años, o si llega a liquidarse, a incurrir en situación de insolvencia, o a presentar pérdidas contables, los activos fiscales diferidos se convertirían en un crédito directo contra Hacienda (en el caso de pérdidas contables, la transformación no sería íntegra, sino solo en la proporción que las pérdidas representen sobre los fondos propios). (...)" (El País, 24/04/2014)
"El balón de oxígeno que dio el Gobierno a la banca con un decreto ley a finales del año pasado ha desbordado las previsiones.
La norma aprobada por el Consejo de Ministros del 29 de noviembre pasado convirtió en monetizables, esto es, garantizados por el Estado, parte de los créditos fiscales que permitirían a los bancos ahorrarse impuestos en el futuro. Ello ha supuesto finalmente que los bancos salven más de 40.000 millones de euros de capital, según los datos recopilados por EL PAÍS de las principales entidades financieras españolas.
El Estado responde de esos créditos fiscales en caso de que los bancos no los puedan usar para compensar beneficios futuros, lo que conlleva un riesgo de pérdida que el Gobierno minimiza.
La cifra de 40.478 millones en activos fiscales monetizables que suman los 15 principales bancos supera en un 35% la estimación de 30.000 millones para todo el sector que señaló el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando presentó el decreto. Una diferencia de más de 10.000 millones. (...)
Por ello, ante las futuras pruebas de resistencia a la banca y ante los demás pasos hacia la unión bancaria, el Gobierno ha favorecido a las entidades con la aprobación de esta norma, que tiene un gran impacto en las ratios de solvencia.
De hecho, si se suman las cifras de las entidades no incluidas en el cómputo, el total superará los 41.300 millones prestados en el rescate de España para recapitalizar la banca. Es decir, el aval público a los créditos fiscales aportará a las cifras de solvencia tanto como el rescate financiero, aunque por vías y con implicaciones muy diferentes. (...)
Mientras que el rescate supuso una inyección de capital real (la mayor parte del cual se ha traducido en pérdidas para el sector público pese a las proclamas que se hicieron en sentido contrario desde el Gobierno), ahora lo que se produce es una especie de aval o garantía, cuyo impacto económico dependerá de lo que pase a lo largo de los próximos 18 años.
Solo si una entidad no puede aprovechar esos créditos fiscales para ahorrarse impuestos en un plazo de 18 años, o si llega a liquidarse, a incurrir en situación de insolvencia, o a presentar pérdidas contables, los activos fiscales diferidos se convertirían en un crédito directo contra Hacienda (en el caso de pérdidas contables, la transformación no sería íntegra, sino solo en la proporción que las pérdidas representen sobre los fondos propios). (...)" (El País, 24/04/2014)
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