"(...) No es posible seguir aplicando políticas de austeridad procíclicas,
en búsqueda del crecimiento económico, cuando la realidad impone el
desarrollo de políticas de aumento del gasto público que estimulen la
demanda interna mediante la creación de empleo.
¡Hay trabajo! Si
observamos nuestro entorno veremos que hay mucho por hacer, y se trata
de trabajos necesarios para la sociedad en la que vivimos. Es más, yo
diría que son trabajos imprescindibles para el mantenimiento de la vida
en nuestro planeta, y una fuente de riqueza, y en la medida en que éstos
no sean rentables para la empresa privada deberá ser el Estado el
encargado de satisfacer esas necesidades sociales no cubiertas.
Me
refiero a trabajos como la limpieza de nuestros bosques (importante para
evitar incendios y facilitar la reproducción), la reforestación, el
cuidado de dependientes (hasta ahora desempeñado exclusivamente por la
población femenina de forma gratuita), la gestión de comedores públicos,
el mantenimiento del medio urbano y el desarrollo de las zonas rurales.
Trabajos cuyo denominador común es garantizar la vida y la
subsistencia, y en los que podrían incluirse las actividades
relacionadas con la economía social o tercer sector. Ya va siendo hora de que midamos la productividad en términos vitales, como la salud, la educación y la felicidad. (...)
Este trabajo productivo y no rentable para la iniciativa privada
debería ser repartido por el Estado entre nuestros parados, a través de
los distintas administraciones que lo componen (otra fuente de creación
de empleo).
A su vez, debería garantizarse un salario y unas condiciones
de trabajo dignas a todo aquél que quiera trabajar (trabajo garantizado).
Evidentemente, se deberían adoptar medidas transitorias que faciliten
la formación y la integración de los desempleados, y sin duda el salario social es una herramienta muy adecuada.
Los
niveles de pobreza y desigualdad alcanzados en España exigen que el
Estado garantice unos servicios públicos mínimos a toda la ciudadanía,
sin importar el nivel de los ingresos de que se disponga ni tampoco el
de aquellos con los que convivan (renta básica en
servicios: salud, educación, transporte, vivienda social), y a aquellas
personas que por su condición de dependientes no pueden realizar ningún
trabajo, el Estado les debe garantizar su subsistencia, mediante los
subsidios necesarios (renta básica).
Como ya se dijo en otro post de este blog,
para garantizar el éxito de estas políticas es necesario que el Estado
tenga soberanía monetaria, y España no la tiene; ya que necesita la
autorización del Banco Central Europeo para
emitir los euros que le permitirán implementar las políticas de
creación de empleo antes enumeradas.
Recordemos que esto ya ocurrió una
vez, cuando el BCE autorizó a Irlanda a
imprimir euros en la cuantía del 25% de su PIB, para “la monetarización
directa de la deuda bancaria”. Es decir, no fue para beneficiar a la
población precisamente, sumida en una gran pobreza a causa de las
políticas de austeridad impuestas por la troika. ¿Por qué no hacer lo mismo para crear empleo socialmente necesario?
Pero ésto no es todo, España no puede hacer su propia política fiscal (distribución de los presupuestos del Estado, del gasto público y sistema impositivo) como estime oportuno, ya que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1.997, el Pacto Fiscal Europeo (o Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria), y la reforma del artículo 135 de la Constitución Española,
impusieron límites al déficit presupuestario (3% del PIB) y al volumen
de la deuda pública (60% del PIB).
Aunque, también debemos recordar que
dichos límites han podido ser burlados por Alemania y Francia cuando han
querido estimular su empleo.(...)" (Sandra Souto, Attac España, 13/09/2014)
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