"Las comunidades autónomas y entidades locales han gastado en servicios
sociales 2.212 millones de euros menos en términos absolutos, entre 2011
y 2013, según el 'Índice DEC 2014', de la Asociación Estatal de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
La principal conclusión de este informe que analiza de manera
cuantitativa los derechos y decisiones políticas, la relevancia
económica y la cobertura (DEC) es, según sus autores, que los servicios sociales en España están en "acusado proceso de deterioro"
en un momento en que son "más necesarios que nunca ante la crítica
situación que viven cientos de miles de familias empobrecidas" como
consecuencia de la crisis económica.
Desde 2011, el documento advierte de que el gasto anual por habitante
en el conjunto del Estado ha pasado de los 354 euros a los 306,9 euros,
es decir, 47,11 menos por habitante y año, lo que representa una
reducción del 13,3 por ciento.
Por encima de la media estatal, las comunidades que más han reducido
su gasto en servicios sociales en términos absolutos (euros por
habitante y año) y relativos son Castilla-La Mancha
(-144,8 euros, es decir, un 28,1% menos), seguida de Navarra (-124
euros, un 23,% menos), Murcia (-47,1 euros, un 17,6% menos) y
Extremadura (-68,4 euros, un 15,3% menos).
"La reducción no es consecuencia de un empobrecimiento de la sociedad española, sino fruto de una menor capacidad o interés de las administraciones públicas para recaudar y distribuir la riqueza a través de políticas sociales dirigidas a las personas y familias más necesitadas", alertan los autores del 'Índice DEC'.
Asimismo, el informe pone de manifiesto que el porcentaje de PIB que
se dedica a los servicios sociales ha pasado del 1,6% en 2013 al 1,4% es
decir, 0,2% menos. Además, advierte de que el porcentaje de gasto que
las administraciones dedican a este ámbito sobre el total del gasto
público también se ha reducido en 0,4 puntos, pasando del 8,1% en 2011
al 7,7% en 2013).
Sin embargo, existen diferencias entre este recorte del gasto en
servicios sociales de las comunidades autónomas entre 2011 y 2013 y las
corporaciones locales, siendo el de las segundas (20,8%) casi el doble
que el de las primeras (10,5%) y que, según el documento, "pone de
manifiesto que el deterioro es mayor en los servicios básicos de proximidad", cuyo futuro está "amenazado" por la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local. (...)" (Nueva Tribuna, 21/09/2014)
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