"Joaquín está muy "tocado". Lleva cinco años ejecutando lanzamientos en Granada, entre ellos alguno de la Casa del Aire.
Él y otros dos funcionarios de Justicia están cansados de asistir a
desahucios y, sobre todo, de ver reflejado en su trabajo el sufrimiento
de las familias afectadas.
Por eso, han puesto en marcha un particular
"gabinete" a través del cual se ha conseguido que diez familias, con
orden de lanzamiento y en situación certificada de exclusión social,
puedan encontrar acomodo temporal a sus circunstancias y no se queden
en la calle de un día para otro.
La iniciativa, que
parte de Joaquín Martínez, Miguel Esteban y Miguel Ángel Herrera, a los
que les han sumado varios funcionarios más, cuenta con el apoyo del juez
decano, Jesús Rodríguez Alcázar, y del secretario coordinador
provincial, Daniel de la Rubia Sánchez.
El protocolo de colaboración en
materia de lanzamientos de primera vivienda, que firmaron con el alcalde
de Granada, ofrece en una primera fase una labor informativa al
ciudadano sobre los Centros de Servicios Sociales Comunitarios a los
cuales la familia puede acudir. En una segunda fase, cuando el
lanzamiento tiene día y hora señalados, se agotan todos los recursos
administrativos y sociales que se les pueda ofrecer.
Con este protocolo pretenden mitigar el largo y complicado camino,
muchas veces convertido en un peregrinaje imposible, que sufren las
familias ante este tipo de situaciones. "Cuando a una persona le
empiezan a llegar deudas y como culmen le llega la orden de lanzamiento,
debido a la desesperación se niega a abandonar su casa porque no tiene
un sitio adonde ir", comenta Miguel Ángel.
Ante esto, "la respuesta de
la Administración no puede ser mandarle furgonetas de la Policía como si
se fuera a desarticular una célula yihadista. Nosotros proponemos
informar al ciudadano y recabar su autorización para que, desde el
primer momento, los juzgados podamos empezar a actuar, ahorrarle parte
de ese largo camino y buscar juntos soluciones, de manera que el
protocolo firmado no quede en papel mojado", añade.
Es el caso de Estefanía y de su pareja, que llevan dos años en paro,
tienen dos hijos de 7 años y 4 meses y la fecha de lanzamiento de su
vivienda para el próximo mes de diciembre. Ante la imposibilidad de
llegar a un acuerdo con la inmobiliaria que le alquila su vivienda VPO,
se encontraron una mañana con que tenían una citación en los juzgados,
con día y hora de su desahucio.
Estefanía, a través de la plataforma
Stop Desahucios Granada, contactó con los funcionarios, quienes le
ofrecieron varias alternativas que todavía no se han podido materializar
pero que ella califica de "esperanzadoras".
Ahora mismo, el proceso de esta familia está paralizado a la espera de
que le designen un abogado de oficio. Mientras, sigue "buscando
alternativas". El servicio funcionarial le ha ofrecido poder contactar
con el asesor jurídico de los Servicios Sociales municipales para que
estudien en profundidad su caso. Estefanía y su pareja tienen un hijo
con una minusvalía del 59% y la Junta de Andalucía todavía no le ha
ingresado la prestación que le corresponde ni la ayuda de alquiler
durante tres meses que ha solicitado.
A través del
protocolo, casos como el de Estefanía pueden estudiarse con más
detenimiento y, sobre todo, las familias pueden sentir que agotan todos
los recursos posibles ante la fecha de lanzamiento de su vivienda. "Me
llaman casi todos los días para contarme las gestiones que van haciendo y
adonde tengo que dirigirme para pedir las ayudas que me corresponden.
Ahora mismo son mi segundo apoyo junto a Stop Desahucios".
Este servicio, que también cuenta con el beneplácito del presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, no
tiene coste alguno. Por esta razón, otro de los funcionarios, Miguel
Esteban, no consigue entender por qué en la Consejería de Justicia e
Interior se produce "un tapón" y no impulse la creación definitiv de
este tipo de servicio.
"Nosotros somos sensibles ante esta problemática y
crear esta especie de manual de urgencia podría ayudar a muchas
familias que van a ser desahuciadas. Pretendemos que este servicio se
institucionalice y no quede al buen criterio de cada funcionario o
responsable, que en un momento dado pueda negarse a llevarlo a cabo". (...)" (Esther Sanz
- eldiario.es, Granada, 14/09/2014)
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