"(...) ¿Cómo se pagan las deudas? Con los recursos generados en la economía
nacional que, en vez de aplicarse sobre la misma, se aplican al pago de
la deuda. Y aquí empezó el desastre. Se optó por la política más
arriesgada: mejorar la competitividad exterior de la economía española.
No es que este objetivo no sea deseable, es que es el más incierto, en
tanto que depende del comportamiento de actores ajenos a la propia
economía española: la evolución de nuestros socios comerciales,
particularmente de la Unión Europea, del tipo de cambio para los
externos a la Unión, del precio de las importaciones de difícil
sustitución (como la energía y otras materias primas, pero también de
muchos bienes de capital y de consumo de lujo) e, incluso, de la
incertidumbre política internacional. Además, la decisión se tomó en
plena tormenta de la crisis internacional.
La mejora de la
competitividad es resultado de múltiples factores: los costes de
producción, la organización empresarial, los costes de localización
(geográficos y administrativos), la mejora del acceso a nuevas
infraestructuras, el espíritu emprendedor, la paz social en los centros
de trabajo o el grado de preferencia de los consumidores nacionales por
la producción nacional, entre muchos. Todos ellos pueden ser
considerados factores estructurales.
Pues bien, entre todos ellos,
se primó la mejora de los costes de producción, pero no de
cualesquiera, sino que se eligió el coste del trabajo, mediante una
serie de reformas laborales. La disminución del coste del trabajo
debiera facilitar la reducción de los costes de producción y
distribución, mejorar la competitividad de los productos y, así,
favorecer el espíritu emprendedor hacia nuevas inversiones (por ser más
atractiva la rentabilidad de los negocios y por el desánimo ante el
trabajo por cuenta ajena).
Claro que, como en toda crisis, este hecho ha
sido una oportunidad bien aprovechada por otros, como, por ejemplo, por
el sector energético nacional que no ha dudado en subir los precios
desde su posición oligopólica (¿por qué será tan difícil construir el
mercado energético europeo?).
Pero, ¿y el sector financiero?, ¿y
el sector de la construcción? Pues han quedado libres de las reformas
estructurales. El sector financiero ha visto reducir el número de bancos
–con coste para el contribuyente, por cierto- sin que se haya impulsado
la competencia en su mercado. Al contrario, seguimos sin crédito y con
limitaciones oficiales en la competencia por el pasivo. La opción de un a
banca pública activa se ha descartado, ni se ha discutido. (...)
Al mismo tiempo, se han destruido empresas y empleo, se han reducido
los salarios y se está contrayendo el gasto público. Los componentes
nacionales de la demanda efectiva se han debilitado hasta el punto de
que su reanimación solo se hace desde los sectores sociales de rentas
altas y medias altas, con un impacto negativo en el crecimiento de las
compras al exterior, como ponen de relieve las nuevas importaciones de
vehículos de alta gama favorecidas con los sucesivos PIVES.
En
definitiva, la economía española está consolidando su propio círculo de
empobrecimiento: no hay financiación, continúa la destrucción de
empresas, no se amplía la capacidad de empleo, no se impulsa la demanda
hacia la producción nacional, las exportaciones se estabilizan, no se
invierte y no se generan rentas salariales mientras que la desigualdad
se acentúa, el riesgo de pobreza y la pobreza misma se extiende y se
fortalecen posiciones oligopólicas en el mercado nacional. (...)" (La economía española en su círculo vicioso, de J. Manuel García de la Cruz en Zona Crítica de eldiario.es, en Caffe Reggio, 20/09/2014)
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