"Más de 200 Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de todo el
estado se han concentrado en diferentes ciudades para denunciar el
incumplimiento por parte del gobierno de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de julio de 2014 y, en
concreto, las trabas que impone el ejecutivo de Rajoy a la hora de que
los afectados puedan recurrir en apelación las “cláusulas abusivas”
impuestas por las entidades financieras.
La sentencia del TJUE señalaba, recuerdan los activistas, que la
legislación española deja en inferioridad de condiciones al hipotecado
frente al banco, y obligaba al estado español a que cambiara la Ley de
Enjuiciamiento Civil.` (...)
Pero las críticas del equipo jurídico de la PAH no se limitan a la
forma en que se ha asumido la sentencia europea (un Real-Decreto Ley de
Medidas Urgentes en materia concursal). El Decreto fue publicado en el
BOE el sábado 6 de septiembre y, desde ese momento, los ciudadanos
afectados por procedimientos judiciales de ejecución deben darse por
notificados. No existe, por tanto, notificación procesal alguna.
En esencia, el problema reside en que el Gobierno del PP ha dejado un plazo de sólo un mes (entre el 7 de septiembre –el día posterior a la publicación del Real Decreto-Ley en el BOE- y el 7 de octubre) para que los ciudadanos incursos en procedimientos de ejecución hipotecaria puedan recurrir en apelación contra las “cláusulas abusivas” de los bancos. (...)
En esencia, el problema reside en que el Gobierno del PP ha dejado un plazo de sólo un mes (entre el 7 de septiembre –el día posterior a la publicación del Real Decreto-Ley en el BOE- y el 7 de octubre) para que los ciudadanos incursos en procedimientos de ejecución hipotecaria puedan recurrir en apelación contra las “cláusulas abusivas” de los bancos. (...)
Según José Luis González, uno de los portavoces de PAH-Valencia, “el
Decreto-Ley no reconoce la violación sistemática de derechos
fundamentales de las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias
por ejecuciones hipotecarias”. Además, “están excluidas las personas
que han perdido su vivienda y que ya han sido desahuciadas, algo
absolutamente inconcebible”.
Otra de las portavoces, Rosana Montalbán
Moya, ha señalado en las puertas de la Ciudad de la Justicia de
Valencia que se constata “la hipocresía del gobierno de Rajoy, que
actúa al servicio de la banca”. “Sí hace caso a la UE cuando pide
recortes en sanidad y educación, pero no cuando dice que se “toquen”
los intereses de los bancos”, ha añadido la activista, quien también se
ha referido a la “mezquindad” de las medidas y a la “vulneración de
los derechos fundamentales”. (...)
El documento informa de que la Plataforma de Afectados Por las
Hipotecas (PAH) y otros colectivos sociales han paralizado en los
últimos años más de 1.200 desalojos forzosos, logrado el realojo de más
de 1.200 personas, además de miles de daciones en pago y alquileres
sociales. A ello se añade la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, el
alquiler social y contra los desahucios, así como movilizaciones y
denuncias penales contra los responsables de las entidades financieras
para exigir el fin de la impunidad. (...)" (Enric Llopis
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