"(...) En cierta manera, Suecia se había convertido por los rotativos de
persuasión neoliberal, como The Economist, en su punto de referencia.
Y,
sin embargo, todas las encuestas ya señalaban durante estos meses
previos a las elecciones, que la coalición gobernante estaba perdiendo
popularidad, hasta tal punto que perdería frente a una coalición de
izquierdas que incluye al Partido Socialdemócrata, al Partido Verde y al
ex Partido Comunista (llamado Partido de la Izquierda). Todas las
encuestas anunciaban una victoria de esta coalición.
Y así ha sido,
creando una gran sorpresa en los fórums económicos de sensibilidad
liberal, incluyendo The Economist que ha acusado a los ciudadanos suecos
de ser “desagradecidos”.
El interés de este acontecimiento y su
relevancia para España es que, en general, el gobierno
conservador-liberal sueco desarrolla políticas públicas muy semejantes a
las que ha estado llevando a cabo el gobierno conservador liberal
presidido por el Sr. Rajoy. De ahí que sea de gran interés que se
analice el porqué el electorado ha mostrado un rechazo tan contundente a
un gobierno considerado responsable de una economía tan supuestamente
exitosa.
Y los datos, fáciles de adquirir, pero raramente presentados en
los medios de comunicación, muestran claramente las causas de este
rechazo: la enorme impopularidad de las políticas sociales y económicas
del gobierno conservador-liberal, caracterizada por tres tipos de
intervenciones.
Una es la privatización de los servicios
públicos, que ha afectado muy negativamente a la calidad de los
servicios privatizados, tales como educación y servicios sanitarios,
privatización que ha ido acompañada de la comercialización de tales
servicios. Estas privatizaciones (más en la gestión que en la
financiación de los servicios, dando cabida a empresas con afán de lucro
en la gestión de la educación y de la sanidad) han sido muy
impopulares, al beneficiar a algunos sectores de la población (...)
Un ejemplo es el sistema público educativo, que estaba entre los mejor
valorados en el mundo (según la OCDE, ocupaba el noveno lugar en el año
2000), que –consecuencia de su privatización y comercialización- se ha
deteriorado marcadamente (pasando a ocupar el puesto veintiséis en
2012).
Algo parecido ha ocurrido en la privatización de la sanidad
pública y de los servicios domiciliarios a las personas con dependencia,
donde ha habido incluso casos de escándalo en la gestión, que han
alcanzado a la población.
El conflicto entre el intento de optimizar los
beneficios empresariales a costa de la calidad de los servicios (un
riesgo inherente en la comercialización de tales servicios públicos) ha
creado un rechazo popular hacia la introducción de empresas comerciales
en los servicios públicos. (...)
La otra intervención ha sido la reducción de los beneficios sociales,
resultado de reducción del gasto público en los servicios públicos del
Estado del Bienestar. Las grandes reducciones de impuestos se hicieron a
costa de una reducción muy notable del gasto público social, que
tuvieron un impacto negativo en la calidad y disponibilidad de tales
servicios, empeorando el bienestar de la población ya afectada por un
desempleo del 8% (y del 21% entre los jóvenes), niveles de desocupación
muy altos por los estándares suecos.
Este empobrecimiento de los
derechos sociales y laborales iba acompañado con un enriquecimiento a
nivel personal, resultado de la bajada de impuestos, que aumentó, como
indiqué antes, la capacidad adquisitiva de la población, provocando un
gran boom inmobiliario que ha generado también una deuda privada
considerable que, aun cuando beneficiosa para el sistema bancario, crea
cierta ansiedad por sus posibles consecuencias negativas en la
estabilidad financiera (facilitada por un enorme crecimiento del precio
de la vivienda y de los alquileres), que ha afectado negativamente, de
nuevo, a las clases populares que, además de tener que endeudarse más y
más, encuentran dificultades en encontrar viviendas accesibles, problema
particularmente llamativo entre las familias jóvenes. (...)
Dicho rechazo al neoliberalismo ha ido acompañado de una atracción hacia
las propuestas de las izquierdas, que han coincidido en varios
aspectos, permitiéndoles explorar la posibilidad de establecer una
coalición alternativa. Todas ellas ofrecen revertir las reformas que
habían afectado negativamente, disminuyendo su cobertura, su generosidad
y su calidad, al Estado del Bienestar.
Otra coincidencia es la
propuesta de aumentar el gasto público en la infraestructura física y
social del país (6.000 millones de euros en el caso del Partido
Socialdemócrata -casi el 2% del PIB sueco de 2013-, lo que equivaldría
en España a unos 21.500 millones de euros), pagando este gasto con un
aumento de los impuestos de los grupos más pudientes, además de revertir
la bajada de impuestos, y establecer un nuevo impuesto a la banca,
causando la alarma del grupo empresarial más importante de Suecia, el
grupo Wallenberg, como señala el artículo sobre Suecia y las elecciones
en el New York Times del 09.09.14).
Estos partidos, sin embargo, no han
conseguido la mayoría parlamentaria, consecuencia, en parte, del
surgimiento de un partido feminista que no consiguió alcanzar el mínimo
apoyo electoral para conseguir representación parlamentaria, y del
enorme crecimiento de la ultraderecha xenófoba anti-inmigrante, una
situación altamente preocupante, que no tenía precedente en los países
nórdicos escandinavos, y que está apareciendo con cierta contundencia en
el panorama político de aquellos países, incluyendo Suecia. (...)"
(Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL
PLURAL, 17 de septiembre de 2014, y en la columna “Pensamiento Crítico”
en el diario PÚBLICO, 19 de septiembre de 2014, en www.vnavarro.org, 19/09/2014)
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