"La Asamblea constituyente Sí Se Puede que Podemos ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Vistalegre ha aprobado cinco resoluciones (...)
Estos cinco documentos, que entran desde hoy a formar parte de la línea política de Podemos,
han sido los más votados del centenar de resoluciones presentadas, que
entre el jueves y el sábado se han sometido a una votación en la que han
participado más de 38.000 personas. (...)
Estos cinco documentos, que entran desde hoy a formar parte de la línea política de Podemos,
han sido los más votados del centenar de resoluciones presentadas, que
entre el jueves y el sábado se han sometido a una votación en la que han
participado más de 38.000 personas. (...)
Renegociación de la deuda
En concreto, la resolución titulada Auditoría y reestructuración de la deuda: una propuesta para Podemos, promovida por los economistas de cabecera de la formación Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho Álvarez Peralta
ha sido la quinta más votada, al recibir 8.981, votos (23'46 % del
total) y defiende, por un lado, realizar una auditoría desarrollada por
"expertos independientes" bajo "control ciudadano" que, además,
"determine el grado de corresponsabilidad de los gobernantes y
acreedores".
En este punto se expone que "se trata de dilucidar qué deudas pueden considerarse ilegítimas,
ya sea en función de su origen (fundamentalmente aquellas derivadas de
gastos que favorecieron intereses particulares en vez de generales), a
causa de un proceso de endeudamiento irregular (es el caso de las
cláusulas abusivas o los problemas de información), o a causa de
elementos derivados de su ejecución".
Por otro lado, la resolución
destaca que se deberá hacer una reestructuración de la deuda pública
que, para que sea "efectiva" deberá abarcar "la renegociación de tipos
de interés y, en su caso, periodos de carencia, el alargamiento de los
plazos de vencimiento y amortización de la misma y, finalmente, las
quitas parciales".
En cuanto a la deuda privada, se establece que la reestructuración de la deuda empresarial y especialmente de la hipotecaria,
es lo que puede conducir a un recuperamiento de la demanda interna y
"una reducción en el valor facial de las hipotecas de primeras viviendas
en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales es un
buen punto de partida".
Propuesta sobre Sanidad
La cuarta propuesta más votada, titulada Por el derecho a la salud: Sanidad pública para tod@s y tod@s, elaborada por Mónica García Gómez, Jesús María Montero Delgado y Juan Antonio Palacios Castaño,
ha obtenido un 31'69% de los votos (12.129) y plantea el desarrollo de
una financiación sanitaria suficiente y finalista, la universalización
de la asistencia con compromiso de atención a toda la población, sin
exclusión de inmigrantes irregulares ni ciudadanos españoles.
Además, entre los puntos clave de esta resolución se encuentran
también la eliminación de los copagos, la derogación de las leyes de
gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de ordenación sanitarias
de las comunidades autónomas que posibilita la gestión privada de los
recursos sanitarios, el desarrollo de un plan que redefina los objetivos
de salud y permita la reformulación de la Ley General de Sanidad
(1986).
Asimismo, promueve la dotación de recursos para la reducción de las listas de espera y la derivación de pacientes a urgencias,
la gestión pública de los recursos, control del marketing farmacéutico y
del gasto a través del control de precios y otras estrategias de
reducción del gasto farmacéutico, reapertura de los centros públicos de
salud mental, acabar con la privatización, la exigencia de
transparencia informativa y asegurar derecho a salud de los ciudadanos
en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTCI) por encima
de los beneficios empresariales.
Resolución sobre Educación
En cuanto a la primera resolución más votada, Defender la educación pública, nuestro derecho y no su negocio, ha obtenido un 45'17% de los votos (17.289), y resume la paralización y derogación de la LOMCE,
la apertura de un proceso asambleario abierto a toda la comunidad
educativa para conseguir una reforma educativa integral, la redacción de
nuevas Leyes Orgánicas de educación, el restablecimiento inmediato de
los recursos que aseguren el acceso universal a la educación y la
articulación de mecanismos de garantía de condiciones laborales dignas.
Lucha contra la corrupción
La segunda por mayor número de votos, Medidas Urgentes de Anticorrupción, ha sido elaborada por el ex fiscal anticorrupción y ex eurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo,
ha obtenido un 42'28% de los votos (16.186) y sostiene que se eliminen
las tasas judiciales, el aumento de las penas por delitos de cohecho,
tráfico de influencias, malversación y fraude, la tipificación penal de
la financiación ilegal de los partidos políticos.
También, incluye la tipificación expresa como "organización y grupo
criminal" de la asociación entre responsables políticos y actores
económicos para cometer delitos de cohecho y prevaricación, la eliminación de los aforamientos
(salvo para los parlamentarios y jueces, que queda restringida al
ejercicio de sus funciones), la obligación legal de total transparencia
de renta y patrimonio para cargos electos y responsables públicos o la
redefinición de las instituciones de control.
Derecho a la vivienda
Por último, la tercera resolución más votada, avalada por el Círculo de Vicálvaro, Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera, que ha obtenido un 38'9% de los votos (14.889), apoya los derechos habitacionales para todas las personas de acuerdo con los estándares internacionales de Derechos Humanos,
el derecho a la dación en pago con carácter retroactivo, el
establecimiento de unos procedimientos judiciales con todas las
garantías y el fin de la impunidad financiera y la apertura de una
auditoría social.
Además, promueve el fin de los desalojos
forzosos sin alternativa y el reconocimiento del derecho al alquiler
social. "Debemos acabar de forma definitiva con los desalojos forzosos
sin alternativa habitacional, que vulneran los compromisos
internacionales en materia de DDHH. Es necesario reconocer el derecho al
alquiler social, y la obligación de garantizar alternativas
habitacionales estables en los casos en los que se realice un desalojo
forzoso por ausencia de recursos económicos suficientes." (Público, 20/10/2014)
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