"(...) Un año y cuatro meses después del inicio de las negociaciones entre la UE y EEUU para crear la mayor área de libre comercio del mundo,
apenas ha trascendido información sobre estas reuniones hasta la fecha,
pero es suficiente como para que distintas voces en varios países se
hayan alzado contra el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, en inglés).
"Su envergadura es enorme. Afectará a todos los ámbitos de la legislación que se supone que nos protege", advierte a Público Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos. "Va
a atacar a la regulación medioambiental, la soberanía de los estados,
la propiedad intelectual o a los servicios públicos", apunta .
Por
ejemplo, en lo que respecta al medio ambiente, y a pesar de que el
anterior comisario europeo en esta materia, Janez Potocnik, no pudiera nombrar estudios sobre el impacto de la alianza comercial en el medio ambiente europeo, el TTIP podría servir para importar la "desregulación total sobre fracking que hay en EEUU
hasta Europa", como apunta Sánchez.
"Nos va a poner en manos de EEUU
para usar una técnica peligrosa, que provoca terremotos, que emplea
productos químicos hasta ahora prohibidos", denuncia la representante de
Podemos.
Incluso para los eurodiputados, elegidos por los ciudadanos europeos, la opacidad es total. "El secretismo que hay es indignante, no paramos de denunciarlo. En Bruselas hay una Reading room
en la que se custodian algunos de estos documentos, en la que sólo
pueden entrar los coordinadores de la Comisión de Comercio Internacional
[siete, uno por cada grupo en la Eurocámara], y lo hacen sin
bolígrafos, sin móvil, y en teoría no pueden contar lo que han visto.
Luego viene el jefe de las negociaciones por parte de Bruselas, Ignacio García Bercero, y dice que hay muchísima transparencia, que no sabe por qué nos alarmamos", critica Sánchez. (...)
La europarlamentaria recuerda que el acuerdo incluye un mecanismo de protección de inversiones (ISDS) que permitirá a las empresas denunciar a los estados en los que hayan invertido si consideran que las normativas que apliquen estos estados afectan de alguna forma a estas inversiones (...)
Lo harán ante paneles arbitrales, y no ante los tribunales nacionales, pudiendo exigir compensaciones millonarias.
Y, aunque no logren que estos paneles arbitrales, formados por
juristas, les den la razón, la factura para los estados que se vean
inmersos en estos procesos puede ascender a miles de euros por hora de
trabajo.
Los más prestigiosos expertos en esta materia cobran entre 600 y 800 euros por hora de trabajo,
y el negocio del arbitraje está en manos de unas pocas empresas, en su
mayoría estadounidenses, que obtienen beneficios millonarios por sus
servicios.
"Las empresas van a tener libertad total para hacer
lo que les de la gana, y el mayor ejemplo es el mecanismo de solución de
controversias entre estados y empresas; esta denominación es ya una
barbaridad, porque pone a multinacionales y países en un plano de
igualdad.
El TTIP da mucho miedo, porque las corporaciones podrán
demandar a gobiernos centrales, regionales o ayuntamientos, si estas
administraciones efectúan cambios regulatorios, aunque sea para proteger
a sus ciudadanos. Es un golpe de Estado, un ataque a la democracia, y
va a restar soberanía a los estados. Si quieren defender a sus
ciudadanos, se enfrentarán a demandas millonarias. O eso, o tendrán que
abstenerse de aplicar estas regulaciones", razona Sánchez.(...)" (Público, 24/10/2014)
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