“Esas casas están manchadas de sangre”

“Eso es mentira, la Comunidad Valenciana es la que más desahucia; y todas esas casas están manchadas de sangre; y el resto (por el público de inversores y agentes del sector), también está comprando viviendas manchadas de sangre; un poco de vergüenza ante lo que está pasando; ¡vergüenza!”. 

Una activista de PAH-Valencia irrumpió ayer en un acto sobre “Retos y oportunidades en el mercado inmobiliario actual” mientras la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, intervenía.

 Hablaba, en concreto, sobre el rol de las administraciones, ante un auditorio de traje y corbata: “ofrecemos inmuebles, territorio y calidad de vida” a los inversores. En primera fila se hallaba el “invitado estrella”, el consejero delegado de la SAREB (entidad conocida popularmente como “banco malo”), Jaime Echegoyen.

 Una hora antes del acto –celebrado en un espacio muy conocido en Valencia, el centro cultural Bancaja, frente al cuartel de Capitanía General- la plataforma antidesahucios había convocado en la calle (a las puertas del centro) una rueda de prensa, donde unos 25 activistas se formularon en voz alta preguntas que no tuvieron respuesta en la jornada organizada, a las 11,30 horas, por el diario económico Valencia Plaza, con el apoyo del despacho de abogados Broseta y Solvia (inmobiliaria del Banco de Sabadell).

“¿Por qué la banca trata con tanta dureza y rigor a las familias que se quedan sin techo, a la hora de pedirles el pago de la hipoteca?, se interrogaba Luis Vargas, activista de la PAH. “Están desahuciando a familias con niños y además se les pide la deuda pendiente, al tiempo que la banca se dirige con aparente humildad al estado para que le rescate con los impuestos de todos; muchos pisos están en manos de la SAREB, que los ofrece a “fondos buitre” con quitas y descuentos que oscilan entre el 45 y el 70%”, añadía.

“¿Por qué el estado, en lugar de montar tinglados como la SAREB, con un 55% de capital privado y un 45% de capital público, para aliviar los problemas de ciertos bancos y al mismo tiempo permitir que el resto haga negocio, no ha creado un mecanismo para que las familias recuperen su vivienda?”.

 El portavoz de PAH-Valencia, José Luis González, se planteaba esta cuestión el mismo día que se conocía, por los datos del INE, que el País Valenciano era en el segundo trimestre de 2014 la tercera autonomía, tras Cataluña y Andalucía, en número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda (5.365). (...)"       (Enric Llopis, Rebelión, 01/09/2014)