22.10.14

Un millón de empleos públicos con el salario medio costaría al Estado 16,4 miles de millones. Comparemóslos con los 30 mil millones concedidos a las empresas sin tener ninguna garantía de creación de empleos

"El economista francés, al que entrevistamos recientemente en las Jornadas de Economía Crítica de Valladolid, expone en este artículo traducido para Viento Sur sus propuestas para una transformación económica en clave socialista y ecologista, destacando la centralidad que otorga a la política de rentas,  de nuevo reparto de los excedentes productivos hacía los trabajadores. (...)

Más que desarrollar un programa, esta contribución se limita a proponer observaciones de método, después de recordar sucintamente las razones del fracaso de la orientación de François Hollande.

(...) Se puede desarrollar esta lógica partiendo de la cuestión central que hoy día es el empleo. Desde este punto de vista, el futuro es sombrío: según la Comisión Europea, la tasa de paro debería pasar del 10,8% en 2013 al 11% en 2015, y del 12,1% al 11,7% en el conjunto de la zona euro/7. En estas condiciones cuesta entender cómo prever un retroceso significativo del paro masivo en los próximos años. Ya va siendo hora de que la izquierda haga de la vuelta al pleno empleo la prioridad de las prioridades.

Pero ocurre que las dos únicas pistas posibles son completamente contrarias a lo que se aplica en estos tiempos: la reducción del tiempo de trabajo y el Estado como empleador en última instancia. Esta última pista ha sido recientemente relanzada por Cédric Durand y Dany Lang/8 retomando las sugerencias de Hyman Minsky/9.

 La referencia es importante, porque Minsky ha desarrollado una rigurosa crítica del postulado, que tanto gusta a Hollande, de que “el crecimiento económico es deseable y (…) está regulado por la inversión privada”/10

Volvía así al verdadero mensaje de Keynes, para quien “el problema verdaderamente fundamental” era “proporcionar un empleo a cada cual”/11, y que se indignaba: “La fuerza de trabajo del conjunto de los parados está disponible para aumentar la riqueza nacional. Es de locos creer que iríamos a la ruina financiera si pretendiésemos emplearla y que lo más razonable sería perpetuar la inactividad”/12.

Sería un cambio fructífero/13 y adaptado a los países más afectados por la crisis. Un reciente estudio prospectivo/14 sobre Grecia compara varias estrategias de salida de la crisis (“plan Marshall”, moratoria sobre los intereses de la deuda, emisión de nuevos títulos de deuda) y demuestra que, dada la débil elasticidad/precio del comercio exterior griego, la mejor estrategia es la del Estado como empleador en última instancia, que tiene “efectos inmediatos sobre el nivel de vida, reduciendo el impacto de la deuda exterior”.

Esto supone invertir la lógica capitalista de que hay que ser rentable para poder acceder al ampleo.(...)

 El principio del Estado como empleador en última instancia pone por el contrario las cosas en su sitio: por un lado, hay millones de personas que buscan un empleo; por otro, hay necesidades que satisfacer. ¿Por qué la sociedad debería privarse de esta aportación potencial?

Un cálculo sencillo demuestra que un millón de empleos públicos pagados al salario medio costaría al Estado 16,4 miles de millones de euros/15, cifra a comparar, por ejemplo, con los 30 mil millones de euros concedidos a las empresas sin tener ninguna garantía de creación de empleos.

El segundo gran cambio sería recuperar la reducción del tiempo de trabajo en el sector privado. La reducción de la jornada de trabajo, al contrario de lo que afirma el discurso patronal, se ha mostrado eficaz. Entre 1997 y 2002 se crearon cerca de dos millones de empleos y la curva del empleo franqueó un escalón espectacular que no se ha vuelto a descender después/16.  (...)

El reparto es por tanto la cuestión clave relacionada con las dos palancas de creaciones de empleo antes citadas. La viabilidad de la reducción del tiempo de trabajo supone actuar sobre la captación de las mejoras de productividad por los rentistas, y la creación ex nihilo de empleos públicos implica una reforma fiscal y una financiación del déficit público fuera de los mercados financieros.

Pero el criterio decisivo es la compatibilidad con la perspectiva de una transición ecológica. Debería estar claro, desde ese punto de vista, que el “socialismo de oferta” no responde a ese criterio. Dando prioridad a la competitividad y al equilibrio presupuestario, cierra el camino a la financiación pública de inversiones útiles y da la prioridad a un proyecto bastante vano de reconquista de las partes perdidas de mercado.

 La prioridad al empleo antes esbozada es por el contrario compatible con la necesaria bifurcación hacia otro modelo de desarrollo menos productivista y más centrado en la satisfacción de las necesidades sociales. Además, no conduce forzosamente al decrecimiento sino a otro contenido del crecimiento.   (...)"           (Michel Husson,  L’ Economie politique, nº 63, julio 2014,  Traducción: VIENTO SUR, en Economía crític ay crítica de la economía, 12/10/2014)

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