"(...) los programas de austeridad, especialmente los impuestos por la
llamada Troika (Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional)
suponen una vulneración de los derechos humanos fundamentales. Partamos
de una idea sencilla: en cualquier Estado de derecho la legislación
ampara al acreedor a la hora de recuperar sus deudas. Pero de igual modo
existen límites.
Así, por ejemplo, sería contrario a derecho que el
acreedor pudiera exigir a su prestatario que vendiese un órgano de su
cuerpo o que le sirviese durante un tiempo en régimen de esclavitud para
saldar cuentas. Hay una serie de derechos fundamentales que amparan a
la persona y a los que no puede renunciar. Esto mismo pasa con respecto a
las políticas de austeridad.
La exigencia para garantizar el pago de
una deuda no puede nunca estar por encima de las necesidades básicas que
un Estado tiene obligación de atender. Desde este punto de vista, por
cierto, la reforma de la Constitución española en 2011 resulta un
auténtico escándalo.[
Diversos informes, como el publicado por el Consejo de Europa han evidenciado las
graves vulneraciones de los derechos humanos ante el desproporcionado
impacto ante los grupos sociales más vulnerables y marginados. Otro
elaborado por el Comisario de la Cámara de Trabajo de Viena, muestra
igualmente la vulneración de derechos en los Memorándums de
Entendimiento firmados en los rescates de la troika. Asimismo, Oxfam ha
puesto en evidencia los nocivos efectos de las políticas de austeridad
en términos de pobreza y desigualdad.
La UE sufre los estragos de una
severa crisis bancaria por sobrendeudamiento privado, propiciada por un
modelo neoliberal que ella misma institucionalizó. Un sobrendeudamiento
privado que se trasvasa ahora al sector público mediante rescates a los
bancos y como efecto de unos insuficientes ingresos fiscales, más los
efectos desastrosos de la austeridad.
Pero después de gastarse entre
2008 y 2012 un total de 591,9 miles de millones de euros solo en
recapitalizaciones directas a sus bancos (un 4,6% del PIB de la UE-28), se
afirma que lo insostenible es el Estado de bienestar. Mientras, el
sector financiero y sobre todo la banca que gestó la crisis se mantienen
intactos. (...)" (Éric Toussaint y Antonio Sanabria , FUHEM, Rebelión, 01/11/2014)
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