23.8.15

Los sistemas de pènsiones privados quiebran, y los públicos... no

"(...) La teoría neoclásica justifica la implantación de esquemas de pensiones de gestión privada apoyándose en la hipótesis de mercados eficientes. Si los mercados son eficientes, los recursos se colocaran automáticamente de manera óptima en línea con los objetivos de largo plazo de la sociedad. (...)

Sin embargo, existe suficiente evidencia empírica que invalida la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros de manera que en un contexto de fuerte sobrevaloración de activos los esquemas de de gestión privada pueden generar pérdidas importantes. 

Dicho de otra manera, esquemas de sistemas de pensiones completamente privados como los existentes en algunos países, el caso de Chile es el más paradigmático, no solo no supone en realidad una protección real de las rentas futuras a obtener, sino que en determinados episodios de exuberancia irracional, como consecuencia de una excesiva propensión al riesgo, la explosión de una burbuja o inflación de activos financieros como la actual implicaría un empobrecimiento masivo de los pensionistas.

Problemas de riesgo moral en los sistemas de pensiones privados

Además del riesgo precio, que invalida la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros, los sistemas de pensiones completamente privados presentan una serie de riesgos adicionales ignorados completamente por la ortodoxia neoclásica. En primer lugar, el riesgo de variabilidad del inversor individual

 Muchos inversores invierten e invertirán mal y corren el riesgo de obtener unos muy bajos rendimientos o pérdidas. En este caso, la carga final podría recaer sobre el erario público, si finalmente se pone en marcha una red de seguridad de pensiones con apoyo público. Ello conlleva un tremendo problema de riesgo moral ya que muchos contribuyentes podrían invertir de una manera excesivamente arriesgada sabiendo que existe una red de seguridad.

Pero además los sistemas completamente privatizados presentan una serie de inconvenientes adicionales que los economistas convencionales suelen obviar. Los costes administrativos de los esquemas de sistemas de pensiones privados son muchísimo más altos.

 Por ejemplo, a principio de la década de los 90, en el sistema de pensiones chileno, totalmente privatizado, los costes administrativos eran 5,5 veces más altos que en el sistema de Seguridad Social existente en Estados Unidos. Además, estos costes son tremendamente regresivos porque son de carácter fijo, repartidos por igual en todas las cuentas, lo que afecta negativamente a aquellas cuentas de ingresos bajos.

Los sistemas de pensiones basados en esquemas totalmente privatizados no proporcionan una serie de beneficios que son parte del sistema de Seguridad Social existente. Estos incluyen prestaciones de invalidez por accidente laboral y beneficios para el cónyuge y los hijos a cargo en caso de muerte accidental. 

Finalmente, los sistemas privados carecen de la dimensión progresiva redistributiva de los sistemas de reparto. En los sistemas de reparto se asegura que incluso en el caso de que el flujo de ingresos derivados de la actividad de un trabajador se interrumpa, los trabajadores aún así podrían terminar con una pensión de jubilación razonable.

En el contexto actual, donde los lobbies campan a sus anchas, es más necesario que nunca, cuando se utilizan una serie de hipótesis para justificar acciones de política económica, comprobar las hipótesis que hay detrás. Si no se cumplen, y los problemas reales no se atacan, los efectos sobre la población, especialmente la más desfavorecida, serán brutales e irreversibles."            (Juan Laborda, Vox Populi, 27/05/2015)

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