"(...) Amparo vive con sus hijos Adán, de nueve años, y Sara, de seis. No tuvo
casamiento como manda la cultura gitana y el padre ni siquiera vive con
ellos. Desde hace casi cuatro años son okupas en un piso junto al
Parque de las Palmeras de Carabanchel.
Conoció a la anterior inquilina
en una oficina de Cáritas gracias a su hija Sara, "que no se calla,
habla con todo el mundo", y le ofreció quedarse con la vivienda porque
se marchaba. Gratis, porque ella también era okupa. Amparo no
tiene gastos de mantenimiento.
"Tengo enganchada la luz, el agua y el
gas. La caldera ahora está rota y no puedo usarla porque me saltan los plomos
cada vez que la enchufo para bañar a los niños", explica sentada en un
banco de la calle Guabairo, frente a una tienda de chinos y una
panadería con un escaparate no apto para diabéticos. (...)
Hasta entonces vivía en una casa en el barrio de La Fortuna en
Leganés y pagaba 500 euros de alquiler. La zapatería en la que trabajaba
como dependienta cerró y les propuso a los propietarios quedársela.
Pero había pocos clientes y el local costaba 1.500 euros mensuales.
Se
marchó de su casa tras confesar al arrendador que no podía seguir pagando, que no tenía más dinero.
A partir de ese momento, solicitó la renta mínima de reinserción,
comenzó a cobrar los 443 euros de las arcas públicas de la Comunidad de
Madrid y se fue a Carabanchel.
Por el bloque de pisos en el que
viven ahora han pasado cinco okupas. "A los de abajo los echaron. Vino
la jueza con una orden y los policías los echaron". En diciembre tocaron el timbre de Amparo.
Se salvó porque no estaba en casa. "Me llamó una vecina. Los niños
estaban en el colegio y yo echando currículos en el centro.
Fueron un
juez y varios policías a poner la chapa, pero como no estaba se
marcharon". Así de sencillo. Aun así, la orden de desalojo era
para la anterior inquilina, pese a que Amparo y sus hijos llevan ya
cerca de cuatro años allí. Aquel mes fue tenso, "lo pasé muy mal",
afirma, pero ahora está más tranquila porque confía en que pasará tiempo
hasta que vuelvan.
Por si acaso, pocos días después Amparo acudió a la Asociación de
Gitanas Feministas por la Diversidad en busca de ayuda para intentar
regularizar su situación, en vista de que el riesgo podía aumentar. A la
que nunca llegó a ir es a la Asociación de Okupas de Madrid. (...)
Ahora está pendiente de tener noticias de la asociación feminista,
cuya responsable se reúne periódicamente con dirigentes de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). "Confío en poder con la ley nueva esa de Carmena", afirma la madre okupa.
El ayuntamiento de Ahora Madrid anunció en octubre una nueva legislación para volver a construir vivienda protegida, que desde 2012 había quedado paralizada con el Gobierno municipal de Ana Botella. La idea del área dirigida por Marta Higueras pasaba por regularizar los pisos públicos okupados tras permanecer vacíos durante años y permitir a sus nuevos habitantes continuar en la vivienda en régimen de alquiler social a partir de los 50 euros mensuales, aunque la cantidad variaría en función de cada caso.
Los requisitos
para acceder a esta 'regularización' incluían entre otros llevar en el
piso al menos dos años, unos ingresos inferiores a 800 euros a los
menores de 35 y de 1.865 al resto. Amparo los cumple y sigue a la espera
de noticias. (...)
De momento aguanta, y reconoce que más o menos consigue apañarse. Gastos fijos tiene solo uno: el comedor
de los niños en el colegio La Milagrosa -de enseñanza concertada-, que
cuesta 21 euros al mes. Por los dos niños se deja 42 euros. "Sé además
que comen muy bien allí". El resto de su renta la dedica prácticamente a
la cesta de la compra para desayunos, meriendas y cenas.
"Busco todas las ofertas en
cada supermercado y dependiendo de lo que hay cada semana voy a uno u
otro. La carne y el pollo los compro en el mercado, porque es mejor y
más barato", asegura. Los domingos suelen ir a comer a casa de los
abuelos, que echan una mano en lo que pueden, pero también viven gracias
a la renta mínima de inserción.
Y el resto del fin de semana
suelen ir a actividades gratuitas que organiza la Comunidad de Madrid:
cuentacuentos, obras de teatro... Si hace buen tiempo, "bocatas y a los
chorros" (la playa de Madrid Río). El día que llega el ingreso mensual suele haber homenaje en McDonald's, "y los niños encantados", asegura su madre.
El problema viene cuando los chavales piden una actividad fuera del mapa de las subvenciones.
"Quieren ir a natación y es que incluso a través del ayuntamiento vale
20 euros. Y todo es por dos: otros 40 euros al mes se me van de
presupuesto". Así que se conforman con los chorros del Parque de
Arganzuela.
Entre diario, los niños pasan las horas en el colegio y Amparo sigue paseando con los CV en la mano. No tiene vicios: ni fuma ni bebe. Solo le gusta tomarse un café de vez en cuando con las amigas, "y me lo pagan ellas".
Mientras tanto, va a una sociedad cooperativa llamada REDES en Pan
Bendito para hacer cursos de formación. Desde obtener el carné de
manipulador de alimentos hasta aprender cómo hablar y vestirse para una
entrevista. Tiene muchas esperanzas puestas en una nueva zapatería. "A
ver si me sale". Y lo de la casa... pues también "a ver si sale".
El consistorio dirigido por Manuela Carmena está trabajando en un censo de la okupación ilegal
tomando como base cuatro focos principales: San Cristóbal de los
Ángeles (Villaverde), San Isidro (Carabanchel), Entrevías (Puente de
Vallecas) y Ensanche de Vallecas (Puente de Vallecas). Este último es
uno de los barrios más afectados por viviendas okupadas de forma ilegal,
según el concejal Seguridad y Emergencias, Javier Barbero.
El censo en cuesión se realizará teniendo en cuenta variables cualitativas para diferenciar entre okupaciones mafiosas y aquellas que afectan a personas con necesidad
en el ejercicio del derecho a una vivienda.
Concretamente, el concejal
pidió en la comisión municipal de esta semana diferenciar entre quien
okupa para cubrir "la necesidad básica que es el derecho a techo", la
gente "decente", de los "negocios mafiosos". Barbero ha señalado como el
origen de la primera "la mercantilización de la especulación
inmobiliaria después de que la anterior alcaldesa, Ana Botella, vendiera
en dos años el 25% de las viviendas sociales a fondos buitre". (Paloma esteban, El Confidencial, 25/04/16)
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