" El Gobierno español gravó con un impuesto, bajo el rótulo de peaje, el
uso doméstico de energía solar. Los ecologistas denuncian esta
imposición como un atentado contra la utilización de energías
renovables. Voceros de la administración española defienden medida
afirmando que el autoconsumo de sol es “antisocial”. (...)
La norma aprobada implicaba crearse un registro de autoconsumidores de energía solar. El plazo para dicho registro caducó en el mes de abril del 2016, por lo que actualmente ya sería ilegal en España utilizar energía solar para consumo doméstico sin estar empadronado. (...)
En la praxis lo que esto representa es la obligación de pagar un impuesto por el sol. Para la Unión Española Fotovoltaica lo que esta medida persigue es frenar el desarrollo de la energía solar doméstica, en contradicción con lo que suelen manifestar los representantes gubernamentales.
Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica ha calificado la medida como “absolutamente inaceptable” por no contar con respaldo social. En los mismos términos se han ido manifestando diversos grupos ecologistas en el ámbito español.
La única respuesta que ha llegado de parte del Gobierno Español en defensa de esta medida han sido las declaraciones del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, quien para defender el impuesto al sol ha señalado que “el autoconsumo sin cargos es lo más antisocial que existe”
De momento, los únicos que parecen ser claramente beneficiados con esta medida son las empresas eléctricas que tienen el monopolio de la energía doméstica e industrial. Esto porque se estaría frenando una de las industrias renovables más eficientes de cara al futuro. Las acusaciones de lobby en el terreno español no se han hecho esperar." (José Carlos Díaz Zanelli , Ecoportal , en Rebelión, 21/05/16)
"Este lunes 11 de abril entra en vigor el polémico Real Decreto sobre el autoconsumo eléctrico –en el que se incluye el denominado‘impuesto al sol’– que dejará a miles de instalaciones fotovoltaicas fuera de la legalidad.
El Gobierno dio un plazo de seis meses para que aquellas ya existentes antes de su aprobación se adaptasen a la norma, sin embargo, la gran mayoría no se ha registrado debido a la falta de información al respecto. (...)
La norma aprobada implicaba crearse un registro de autoconsumidores de energía solar. El plazo para dicho registro caducó en el mes de abril del 2016, por lo que actualmente ya sería ilegal en España utilizar energía solar para consumo doméstico sin estar empadronado. (...)
En la praxis lo que esto representa es la obligación de pagar un impuesto por el sol. Para la Unión Española Fotovoltaica lo que esta medida persigue es frenar el desarrollo de la energía solar doméstica, en contradicción con lo que suelen manifestar los representantes gubernamentales.
Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica ha calificado la medida como “absolutamente inaceptable” por no contar con respaldo social. En los mismos términos se han ido manifestando diversos grupos ecologistas en el ámbito español.
La única respuesta que ha llegado de parte del Gobierno Español en defensa de esta medida han sido las declaraciones del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, quien para defender el impuesto al sol ha señalado que “el autoconsumo sin cargos es lo más antisocial que existe”
De momento, los únicos que parecen ser claramente beneficiados con esta medida son las empresas eléctricas que tienen el monopolio de la energía doméstica e industrial. Esto porque se estaría frenando una de las industrias renovables más eficientes de cara al futuro. Las acusaciones de lobby en el terreno español no se han hecho esperar." (José Carlos Díaz Zanelli , Ecoportal , en Rebelión, 21/05/16)
"Este lunes 11 de abril entra en vigor el polémico Real Decreto sobre el autoconsumo eléctrico –en el que se incluye el denominado‘impuesto al sol’– que dejará a miles de instalaciones fotovoltaicas fuera de la legalidad.
El Gobierno dio un plazo de seis meses para que aquellas ya existentes antes de su aprobación se adaptasen a la norma, sin embargo, la gran mayoría no se ha registrado debido a la falta de información al respecto. (...)
En una carta remitida este jueves a Mariano Rajoy, once organizaciones ecologistas
y del sector de las renovables denunciaban que “la falta de previsión
del Ministerio de Industria, que fraguó el Real Decreto de Autoconsumo y
sus sanciones, impide que esas instalaciones cumplan con las nuevas
obligaciones establecidas”, pues, a pocos días del fin de plazo aún no se había detallado “cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas para modificar las instalaciones”.
“Debido a la falta de los detalles técnicos y administrativos
necesarios para la adaptación y a las sanciones millonarias a las que se
exponen los autoconsumidores afectados,solicitamos que se amplíe el plazo
para la adaptación de las instalaciones de autoconsumo existentes”, se
despide la misiva firmada por Amigos de la Tierra, Anpier, Asgeco,
Asociación Medio Ambiente y Cambio Climático, Ecologistas en Acción,
Fundación Global Nature, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético, SEO/BirdLife y WWF España.
En la misma línea se han manifestado varias Comunidades Autónomas,
como Baleares, Castilla – La Mancha, la Comunidad Valenciana o el País
Vasco. Piden más plazo para el registro del autoconsumo para evitar que
las instalaciones queden abocadas a la alegalidad.
Según denuncian los afectados, el registro a través de la web del
Ministerio se abrió en febrero, tan solo dos meses antes de la fecha
límite y cuatro después de la aprobación de la norma. Además, no
especifica las exigencias técnicas, que podrían conllevar obras e
inversión económica para estar a punto. Por otro lado, no se ha detallado tampoco el cobro del cargo por la energía autoconsumida por lo que cada distribuidora sigue sus propios criterios. (...)
¿Cuánto costará el ‘impuesto al sol’ a los afectados?
A partir del lunes, las instalaciones de autoconsumo no registradas se enfrentarán a sanciones de entre 6 y 60 millones de euros, además de tener que pagar el “peaje de respaldo” para todas las instalaciones, es decir, el ‘impuesto al sol’.
Este gravamen supondrá para los consumidores residenciales
aproximadamente unos 9 euros más IVA al año por kW de potencia de cada
panel, mientras que en el caso de las instalaciones industriales a esta
cifra habrá que sumar otro peaje variable asociado al coste de la
energía.
“Se trata de unas multas desproporcionadas, mucho mayores incluso que
las establecidas por extraviar material radiactivo”, denuncia
Greenpeace. (...)" (Kaos en la red)
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