26.9.16

Aragón prohíbe dejar sin casa, luz, agua ni gas a familias que cobren menos de 1.553 euros al mes

"¿En qué circunstancias sufre un hogar riesgo de vulnerabilidad social? En Aragón, desde el punto de vista económico, cuando ingresa menos de 14.910 euros al año, o 18.637 cuando en él habitan al menos un menor de edad no emancipado, una víctima de violencia doméstica, un dependiente o una persona con una discapacidad superior al 33% o, también, si la familia se ha visto envuelta en un proceso de ejecución hipotecaria.

Dentro de unas semanas, ninguna familia que resida en la comunidad y que cumpla esos requisitos podrá ser desalojada de una vivienda sin que antes esté previsto su realojo en otra, ni tampoco podrá verse privada de suministros básicos como la luz y el agua.   (...)

Los grupos políticos de las Cortes de Aragón han cerrado este jueves un consenso histórico en la ponencia que tramita el decreto de emergencia y la proposición de ley de Garantías Sociales, en la que han pactado, por unanimidad, una definición económica del concepto de “vulnerabilidad social” y han acordado incluirla en la norma con rango de ley que regulará la intervención de la comunidad en materia de vivienda y de pobreza energética. (...)

El acuerdo alcanzado en la ponencia incluye considerar en situación de “especial vulnerabilidad” a las familias que atraviesen una situación económica severa y, por último, contempla grupos de personas en riesgo de exclusión social a las víctimas de terrorismo y de violencia doméstica. Los ponentes han optado por este concepto al ser el más amplio en cuanto a las agresiones en el hogar.

 El decreto de emergencia, aprobado en diciembre por las consejerías de Vertebración del Territorio y de Ciudadanía, contempla medidas para evitar el corte de los suministros básicos –agua, luz y gas- a “las personas y unidades familiares en situación de emergencia, mientras dure dicha situación”, y proscribe los desahucios sin alternativa habitacional para “toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad”.

Fuentes parlamentarias destacaron que incluir el concepto de “vulnerabilidad social” en una norma con rango de ley y referenciarlo a un indicador oficial como el Iprem supone una garantía para su aplicación y dificulta que, por su efecto social y su coste político, pueda ser modificada en un cambio de Gobierno.

“El baremo queda fijado, y lo normal sería que fuera una referencia para todas las consejerías en materia social, que no quedara circunscrito a los temas de vivienda y de pobreza energética”, indicaron, aunque otras fuentes cuestionan esa posibilidad. (...)"                  (Público, 22/09/16)

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