"Miguel Ángel tiene miedo a salir de casa. A sus
cincuentaitantos y a pesar de ir siempre flanqueado por un perrazo
cruce, de mastín y pastor alemán, cada vez que escucha un motor en la
calle se encierra tras una puerta de metal y llama a su abogado. Lleva
meses soñando, entre pesadillas, con este momento, el momento en el que
vengan a su casa para desahuciarlo.
Sobre el asfalto de la calle Fuente Romana, en Navalcarnero, seis agentes de la Guardia Civil
y dos funcionarios del juzgado esperan a que den las 11:30. Los vecinos
miran por las ventanas. Una señora lamenta, a lo lejos, que "no se
hagan estos despliegues con los auténticos delincuentes", pero los
agentes no desvían la mirada de la casa de Miguel Ángel. Dan y media. En
ese momento, el agente más cercano al chalé da un paso adelante y llama
al timbre.
— Caballero, tiene que abrirnos la puerta, tenemos una orden de desahucio.
— Estoy llamando a mi abogado, ha ido a ver a la jueza. Lo último que me dijo es que no abriese.
— Si no abre tenemos a un cerrajero que lo hará por usted. Vaya atando al perro.
— Estoy llamando a mi abogado, ha ido a ver a la jueza. Lo último que me dijo es que no abriese.
— Si no abre tenemos a un cerrajero que lo hará por usted. Vaya atando al perro.
En
este momento Miguel Ángel da un paso atrás y trata de respirar hondo.
No puede. Su pareja y su hijo siguen dentro, detrás de las ventanas. Se
agarra el pecho tratando de conseguir oxígeno y echa una mirada
desesperada a los periodistas que estamos dentro de la casa, como si con
nuestras cámaras pudiésemos espantar a las autoridades y pagar su
deuda. Y nosotros bajamos la cabeza. Ha llegado el momento. Miguel Ángel
y su familia tienen que abandonar el edificio que ha sido su casa los
últimos catorce años.
“Denme solo diez minutos, se lo pido por favor”, suplica Miguel
Ángel, aferrándose a un milagro en forma de llamada de móvil. Su
abogado, Carlos Galán, se ha presentado en los juzgados
para conseguir una moratoria 'in extremis', pero lo último que sabemos
es que la jueza no ha querido recibirle. Los minutos caen como plomo, en
silencio, mientras Miguel Ángel y los periodistas nos miramos con los
agentes a través del portón de la casa.
Y, de repente, lo imposible. Un agente se retira a hablar por teléfono y se acerca a la puerta: “Caballero, me comunican que han detenido el desahucio”,
le dice a Miguel Ángel que, esta vez sí, parece desfallecer. Tras unos
minutos, y todavía con los ojos empañados, recibe a su abogado y juntos
se funden en un abrazo. “Esta vez ha estado cerca”, lamenta Miguel Ángel
con la voz trémula. Todo ha acabado por hoy, pero dentro de un mes su
acreedor volverá a intentar quedarse con la casa.
“¿Tú te crees que me van a quitar la casa por un crédito de 18.000 euros?”,
dice Miguel Ángel. Hace cinco años avaló un crédito hipotecario de su
cuñado con su casa y el familiar no solo dejó de pagar, sino que se fugó
a Perú. Miguel Ángel, charcutero en una gran superficie, se vio
obligado a pedir otro crédito para evitar que el banco se quedase con su
domicilio, una casa unifamiliar en Navalcarnero que, en el cénit del
ladrillazo, llegó a tasarse por 600.000 euros.
Ahora vale en torno a
400.000. Intentó pedir otro crédito para pagar el anterior, pero Bankia
le había inscrito en la lista de morosos y todos los banqueros se
negaron a hacerlo. Así que recurrieron a los préstamos privados. Su
mujer hizo una búsqueda en internet y fue a topar con el primer
resultado, que no es otro que el célebre Antonio Arroyo, también conocido como ‘El gran usurero’.
Arroyo,
primer prestamista inscrito en España, es un personaje polémico que ha
ejecutado a más de 90 familias, mientras que las asociaciones de
afectados hablan de otras 3.000 personas en problemas con este
prestamista. La mayoría denuncia que Arroyo les obligó a avalar el
crédito con su casa y que, una vez concedido, nunca les dio la posibilidad de devolverlo.
“Les llamé un montón de veces y nunca me cogían el teléfono. Incluso
quedé con ellos, cuatro o cinco veces, y nunca acudieron a la cita. Lo
que querían, como es obvio, no era que yo devolviese el dinero,
sino quedarse con mi casa por poquísimo dinero”, dice el propietario.
Arroyo, que tiene derechos sobre más de 500 fincas por toda España, ha
sido detenido tres veces, pero sigue libre y operando.
Miguel
Ángel no se preocupó ni siquiera de preguntar por la tasa de demora del
préstamo. Se reunió con el equipo de Arroyo en una notaría de la calle
Buen Suceso, en Madrid, y firmó los papeles sin hacer muchas preguntas.
Necesitaba el dinero. No sabía que se estaba comprometiendo a pagar unos intereses de demora del 29%,
un porcentaje que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ubica
por encima del umbral de la usura.
“No me atendieron durante los
primeros meses y, un día de repente, me llamó la secretaria de Arroyo
para decirme que les debía 40.000 euros”, dice Miguel Ángel, cuya casa
ha salido a concurso público sin avisarle.
Una ley con 108 años
En realidad, en España la usura no es una figura penal. La ley que la regula data de 1908 y no establece márgenes claros para identificar cada caso. El texto legal, impulsado por el diputado y filósofo Gumersindo de Azcárate durante el primer Gobierno de Antonio Maura,
reza así: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un
interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente
desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales
que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido
aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su
inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.
Imponía,
además, unas multas de entre 500 y 5.000 pesetas para los usureros, que fueron derogadas en 1995 por el socialista Juan Alberto Belloch. (...)
"Los españoles están completamente desamparados ante la usura. Es que
el mismo concepto es problemático, porque no se fijan unos márgenes
aceptables en ninguna ley. No hay control de la Administración sobre
estos establecimientos financieros, ni tampoco de las comunidades
autónomas", lamenta Rubén Sánchez, portavoz de la agencia de consumidores Facua.
"El sector está muy mal regulado. La banca pase, porque tiene al Banco
de España, pero con los establecimientos financieros, y no quiero ya ni
mencionar a los prestamistas privados, eso es la jungla. La ley de 1908
es escueta y poco específica", considera el letrado especilista en
préstamos Carlos Galán.
En España, un prestatario
que se sienta estafado no tiene vías extrajudiciales a las que acudir.
Los institutos de consumo autonómicos, el Banco de España o la CNMC no
tienen potestad para emitir veredictos vinculantes y mucho menos
declarar un contrato de préstamo nulo. La única solución es acudir al juzgado.
Para Adicae,
(Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas), "urge establecer unos
criterios comunes ante la dispersión legislativa del sector, todo un
‘coladero’ para una gran variedad de empresas y productos sin control
que abusan del consumidor. Los créditos al consumo ofertados por bancos y
establecimientos financieros de crédito (EFC) –supervisados por el
Banco de España– conviven con productos como los microcréditos, que cualquier sociedad mercantil puede comercializar, siendo libre de imponer cláusulas abusivas y precios fraudulentos sin supervisión alguna".
¿Significa
esto que la usura no pasa factura en España? No exactamente. De hecho,
en los últimos meses, diversos juzgados han recuperado la ley Azcárate
para anular créditos y líneas de financiación diversas.
La sentencia más
importante, en tanto que crea jurisprudencia, es la emitida por el
Supremo a finales del año pasado, cuando el Pleno de la Sala Civil del alto tribunal concluyó
que “los créditos que dupliquen el interés medio del mercado deben ser
considerados usurarios y, por tanto, nulos”. Se trataba de un crédito al
consumo con un interés del 24,6% TAE por el que un cliente que obtuvo 25.634 euros de préstamo fue penalizado con unos intereses de 18.568 euros. (...)" (El Confidencial, 23/10/16)
No hay comentarios:
Publicar un comentario