"(...) La confiscación de los aeropuertos regionales del país y del antiguo
aeropuerto Hellenikon dan una idea de la envergadura del robo que está
teniendo lugar. La cesión de catorce aeropuertos regionales –Salónica,
Corfú, Zante, Aktion, Kavala, La Canea, Rodas, Cos, Santorini, Miconos,
Scíathos y Samos– es casi completa, a pesar de un significativo
movimiento de protesta en las comunidades locales y de la naturaleza
ilegal de la cesión.
Desde el comienzo hay un gran número de
problemas jurídicos. Según la constitución griega es ilegal ceder estos
aeropuertos públicos. Hay también un conflicto de intereses potencial,
porque Lufthansa (que pertenece al Estado alemán) es un asesor técnico
del sector público griego y es también partícipe del consorcio al que
los aeropuertos están siendo cedidos, violando las normas
internacionales y de la UE sobre transparencia, imparcialidad y libre
competencia.
Además, la sección económica del acuerdo es
escandalosa. El consorcio hará un pago único al Estado griego de 1 234
millones de euros, lo que corresponde a tres años del ingreso neto que
recibe el Estado griego de los aeropuertos.
Si se descuentan los 520
millones de euros que elNational Strategic Reference Framework (NSRF) ha
destinado a las obras de Salónica y La Canea que el Estado tenía que
pagar, la suma se reduce entonces a 714 millones.
La renta anual que
paga Fraport por los 14 aeropuertos es de 23 millones de euros, lo que
equivale a la facturación anual solo del aeropuerto estatal de Corfú.
En
los cuarenta años de duración del contrato, el consorcio ganará 22 000
millones de euros y devolverá al Estado griego 3 850 millones de euros.
Si la cesión de estos aeropuertos económicamente sólidos sigue adelante,
puesto que sufragan otros 18 aeropuertos más débiles económicamente, el
Estado se verá obligado a mantener a estos 18 aeropuertos, o a
cerrarlos, con trágicas consecuencias para las comunidades locales,
particularmente en las islas.
Otro tema igualmente grave es el
control de la aviación y del sector turístico por el capital alemán.
Teniendo en cuenta la enorme concesión del aeropuerto de Atenas a la
constructora Hochtief, el Estado griego perderá la capacidad de
planificación del transporte aéreo (de servicio a comunidades locales,
refuerzo político de regiones específicas, desarrollo turístico, etc.),
siendo ello un pilar central de la capacidad del país para estructurar
su economía.
La Federación de Asociaciones de la Hellenic Civil
Aviation Authority ha presentado un plan de desarrollo para modernizar
los aeropuertos y aumentar los ingresos que se generan. Su informe es
devastador: los bienes públicos están siendo literalmente regalados
cuando existe una alternativa viable. Pero incluso si el precio fuera
ventajoso, no se deben hacer concesiones. Un Estado sin bienes pierde su
soberanía. Se convierte en un protectorado, como lo es hoy Grecia.
En
el caso de los bienes inmuebles públicos del antiguo aeropuerto
Hellenikon y la playa de Agios Kosmas, hay serios problemas legales y de
orden constitucional que le fueron señalados, mediante una comunicación
no judicial, al primer ministro Tsipras y al ministro de finanzas
Tsakalotos por cuarenta ciudadanos encabezados por Manolis Glezos y por
el miembro del parlamento europeo, Nikos Chountis.
La supuesta
“inversión” en Hellenikon supone la confiscación de más de seis millones
de metros cuadrados de terreno público de inmenso valor ecológico y
económico, con procedimientos inconstitucionales y probablemente
ilegales.
El Fiscal del Estado para Delitos Económicos, Ioannis
Dragatsis, ha iniciado investigaciones sobre el bajo precio por el que
estas concesiones fueron obtenidas y el Comité de Peticiones está
examinando un informe sobre las violaciones de la ley europea. La
sociedad de inversión elegida, Lamda Development, ha adquirido derechos
sobre el suelo durante 99 años y el 30 % de la plena e indivisa posesión
y propiedad. Esta es una patente apropiación de propiedad pública.
Según
el plan Norman Foster complementario al contrato, en Hellenikon se
creará una nueva ciudad privada cerrada de 27 000 habitantes, que
abarcará entre 3 y 3,6 millones de metros cuadrados. Entre sus usos
habrá diferentes tipos de complejos residenciales, instalaciones
turísticas, un casino con instalaciones complementarias, edificios de
oficinas, zonas de comercios al por menor, complejos universitarios
privados y otros edificios con fines educativos, culturales, y
deportivos.
Esta ciudad autorreferente ofrece una amplia gama de
servicios, pero aísla a los que viven allí y opera de forma antagónica
respecto de las zonas vecinas con centros económicos activos en los
municipios próximos, creando nuevas zonas amplias de espacios de
oficinas, comercios, etc. Es de hecho una ciudad privada, con servicios
públicos y funciones de uso común financiadas por el Estado griego.
La
ciudad es también un desastre ecológico en potencia. La cuenca de
Ática, ya saturada por estructuras humanas, necesita adaptarse al cambio
climático, no desarrollarse más y ya se ha generado una burbuja
inmobiliaria en la costa y otros municipios vecinos.
En virtud de
algunos de sus rasgos económicamente beneficiosos, la nueva ciudad
privada atraerá a consumidores de la población residente en los
municipios vecinos y de toda la cuenca, dañando aún más la ya encogida
actividad económica de Ática.
Los nuevos edificios de oficinas, los
centros comerciales y otras tiendas del eje de la avenida Vouliagmenis,
junto con la construcción de centros residenciales del plan Foster,
inundarán el mercado inmobiliario actual y puede llevar a las empresas
existentes a la quiebra.
Se crearán nuevos empleos, mal
remunerados e inseguros, sobre las ruinas de pequeñas y medianas
empresas constructoras, comerciales y turísticas, trabajos por cuenta
ajena y por cuenta propia e ingresos complementarios del alquiler.
Una
gran zona de construcción estará en funcionamiento durante décadas,
creando un lastre permanente tanto para las funciones de la ciudad como
para la vida de los residentes, por no mencionar al sector turístico. El
terreno del Ática será aplastado bajo una enorme capa de cemento.
La
apropiación de Hellenikon está teniendo lugar en nombre del pago de la
deuda pública, pero muy poco dinero acaba en el agujero negro de los 321
000 millones de euros. Según los expertos de la Cámara Técnica, el
valor de inversión de Hellenikon es de 3 000 millones de euros, pero
solo se desembolsan 576 millones a su valor actual.
Según dos recientes
informes encargados al Fiscal del Estado para Delitos Económicos,
Ioannis Dragatsis, el valor actual de Hellenikon es cuatro veces más
alto que la suma pagada y el precio al valor actual que ha de pagar la
compañía inversora es al menos dos veces y media más bajo, sobre la base
del valor actual de Hellenikon.
En cualquier caso, la magra suma
adquirida irá destinada a pagar la deuda. Pero se exigirá al gobierno
griego que pague directamente 134 millones de euros para la reubicación
de los servicios públicos alojados en Hellenikon, así como el coste de
soterrar la avenida Poseidonos y que, desde el primer día de la creación
de la nueva ciudad, lleve a cabo la operación y mantenimiento de
espacios abiertos y el parque, los proyectos de planificación pública e
infraestructuras, edificios comunes y servicios por medio de la
institución de un cuerpo administrativo especial.
Los movimientos que luchan contra cada caso concreto de confiscación –en
particular, cuando afecta a los bienes y servicios básicos del Estado–
afrontan unos desafíos enormes. Entre sus oponentes se incluyen las
“instituciones” europeas que imponen las políticas neoliberales, el
gobierno de Syriza-ANEL, la oposición y la oligarquía nacional. (...)" (Eleni Portaliou , Viento Sur, en Rebelión, 25/10/16)
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