"La industria se hunde. Este es el mensaje que ha trasladado este lunes a la opinión pública buena parte del tejido productivo
del país. Harto de que la industria vaya perdiendo peso en la economía,
tanto en términos de empleo como en relación al producto interior bruto
(PIB).
El documento,
que se hace público semanas después de que en el organigrama del
Gobierno haya desaparecido como un departamento singular el Ministerio
de Industria (ahora es una secretaría de Estado), lo suscriben algunas
de las patronales más significativas, como el automóvil, la
alimentación y bebidas, la industria petrolífera, el metal, el textil o
el cemento, además de los sindicatos UGT y CCOO, que reclaman un impulso industrial para hacer frente a la degradación de la calidad en el empleo.
En total, 14 organizaciones que reclaman, entre otras cosas, una auténtica política energética
comprometida con la rebaja de costes para las empresas. “Es
imprescindible que, de forma prioritaria, se desarrolle, programe y
regule una política energética estable que permita garantizar el
suministro energético a un precio competitivo”, se dice en el
documento.
En concreto, se reclama un modelo que prime la investigación,
el desarrollo y la innovación de nuevas tecnologías sostenibles, que
impulse la independencia energética española con el desarrollo de
energías renovables, la cogeneración y los recursos autóctonos, y que
preserve los sistemas de gestión de la demanda.
Igualmente, se pide diseñar una política de infraestructuras logística y de transporte,
así como acelerar el acceso de las empresas radicadas en España a los
mercados internacionales. Y, en este sentido, se demanda una política de
I+D+i que apueste por la actividad innovadora de las empresas y,
por otra parte, permita atraer y desarrollar en España centros
públicos, privados y mixtos avanzados y especializados en aquellas áreas
transversales y esenciales para dotar de base tecnológica a la
industria. Para lo cual, se dice, es imprescindible una política de
formación que “garantice el desarrollo del talento y de la capacitación
de los trabajadores a lo largo de la vida laboral”.
En el mismo sentido, se reclaman medidas fiscales encaminadas a impedir una ruptura del mercado interior por
razones de competencias territoriales. En particular, con la excusa de
la existencia de razones medioambientales que solo “distorsionan la
libre competencia y merman la competitividad del tejido industrial”.
Igualmente, se pide una política de inversión, internacionalización e
impulso de comercio exterior que asuma los objetivos de atracción de
inversiones productivas industriales y facilite la penetración de la
producción española en mercados exteriores. En este marco, se pide al
nuevo Gobierno que inste a la Unión Europea para que en los nuevos
acuerdos comerciales se incluyan los criterios éticos, de defensa de los derechos humanos,
de los principios y derechos fundamentales del trabajo, y del
compromiso con la lucha contra el cambio climático en el alcance de los
mismos.
Los firmantes del acuerdo, en el mismo sentido, piden que,
para promover la sostenibilidad de modo global, “debe simultáneamente
salvaguardarse la competitividad de las empresas industriales radicadas
en nuestro país para evitar su relocalización en lugares donde la
producción se realiza con estándares de seguridad y protección del
medio ambiente sensiblemente inferiores a los europeos”.
Es decir, una
política proteccionista para
evitar que las empresas deslocalicen su producción en territorios con
menos costes que desprecian los derechos laborales o las normas
medioambientales.
Por último, se reclama un Pacto de Estado por la Industria encaminado a que los poderes públicos se comprometan a regenerar el tejido productivo.
Los datos más recientes de Eurostat sitúan
el valor añadido industrial de España en un progresivo deterioro. Ha
pasado de representar un 21,4% en 1995 al 18% en 2015, lo que significa
algo más de dos puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona.
En
términos de puestos de trabajo, la comparación es, igualmente, más que
evidente. El empleo representaba en 1995 en España el 18,5% de la
ocupación total, pero en 2015 su peso había bajado hasta el 11,9%. Por
lo tanto, tres puntos menos que en la zona euro." (El Confidencial, 28/11/16)
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