"(...) Todo apunta a que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones será uno de los grandes protagonistas del debate, puesto que cada vez se oyen más voces reclamando su supresión.
Pero hay un problema. Es un impuesto que actualmente
aporta unos 3.000 millones a las arcas de las comunidades, una cantidad a
la que difícilmente se puede renunciar en estos momentos, que Bruselas
vigila de cerca las cuentas españolas y pide al Gobierno mano dura con
las regiones. Los técnicos de Hacienda (Gestha) lo tienen claro.
Si se
elimina este impuesto habrá que compensar a las CC.AA. con subidas en otras figuras que pueden castigar a la clase media, como el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio. (...)
Y algo parecido podría pasar con el Impuesto sobre la Plusvalía Municipal, un impuesto que actualmente recaudan los Ayuntamientos y que casi seguro que habrá que modificar tras la sentencia del Tribunal Constitucional de Guipúzcoa, que
anula el tributo cuando la venta del inmueble se ha hecho sin generar
beneficio.
Los técnicos están convencidos de que este fallo supondrá una
modificación del impuesto a nivel estatal y avisan de cualquier pérdida
de recaudación para los consistorios se tendrá que compensar vía IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Pero los técnicos no comparten estos cambios. A su
parecer, sustituir figuras como el Impuesto de Sucesiones o el Impuesto
sobre la Plusvalía por otras como el IRPF y el IBI es como dar más ventajas fiscales a los herederos de las grandes fortunas y pasar
la factura a las personas de clase media que solo son propietarias de
uno o dos inmuebles, algo muy común en este país. Por ejemplo, el 77,7%
de los españoles posee una vivienda o una vivienda y un garaje. Y se
verían muy afectados por un cambio así.
De hecho, afirman que la supresión de Sucesiones solo beneficiaría al 0,7% de los contribuyentes,
todos ellos titulares de grandes fortunas. Y perjudicaría al 72,4% de
los ciudadanos con ingresos anuales entre 6.000 y 60.000 euros, que
serían los que tendrían que compensar la pérdida de la recaudación para
evitar un nuevo agujero en las cuentas de las comunidades autónomas, en
un momento en el que el déficit público sigue lejos del 3% que pide
Bruselas. (...)
Aunque creen que no hay que eliminarlo, reconocen que sí es necesario hacer algunos cambios para armonizarlo.
Y es que es cierto que es una figura que genera importantes diferencias
entre las comunidades autónomas. Según un informe del Registro de
Economistas Asesores Fiscales (REAF) en una herencia de 800.000 euros,
la factura fiscal no llegaría a 2.000 euros en Madrid o Cantabria,
mientras que rondaría los 160.000 euros en Andalucía y Asturias.
Por eso y para que los ciudadanos no consideren injusto el impuesto, se podrían establecer mínimos y máximos en
los tipos para reducir las diferencias. De esta forma, se limitarían
las bonificaciones cercanas al 100% como la que aplica Madrid. También
se podrían establecer más posibilidades de aplazamiento y
fraccionamiento a la hora de pagar, lo que haría que los ciudadanos que
fueran a percibir una herencia no se sintieran tan presionados." (Teresa Lázaro, Aitana Constans, Vox Populi, 22/03/17)
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