"Un hecho y una noticia como botones de muestra de la realidad patria. El
hecho, el colapso por un temporal de nieve en las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61,
que comunican Madrid con Castilla y León y el noroeste de la península.
En nuestra querida España las concesiones y los contratos de
colaboración público-privados han supuesto un empeoramiento y
encarecimiento de los servicios públicos, además de otras prácticas
viciosas dignas del Clan de los Corleone. (...)
Es muy sencillo, cual aves de rapiña, unos cuantos espabilados, con el apoyo y colaboración de los políticos de turno, han saqueado la cosa pública. Y no pasa nada. Los medios de comunicación, el otrora cuarto poder, muy debilitado él, no analiza lo relevante. El negocio y la pasta detrás de todo. Porque donde hay un corrupto hay un corrompedor. Y esto último parece que no queda nada claro.
¿Qué pasa con las concesiones?
Qué
casualidad que el día en que se produce una fuerte nevada, los
problemas aparezcan, como siempre, en una autopista de peaje, la AP-6,
cuyo mantenimiento corresponde a un empresa privada; y no en los tramos
de autovía A6, cuya conservación incumbe al Estado.
Permítanme una
anécdota personal. Ese mismo día regresaba desde Zaragoza a Madrid y
había una intensa nevada desde Medinaceli hasta llegar casi a Guadalajara,
y al menos las quitanieves, sin mucho alarde eso sí, evitaron el
colapso la A-2.
Por si acaso, decidimos no coger la radial R2,
simplemente porque sabíamos que ante una intensa nevada no habría
quitanieves y nos quedaríamos atrapados. El problema es que en el caso
de la AP-6 no había una autovía alternativa, forzosamente había que
cogerla, sí o sí.
Este ejemplo de la
concesión de una autopista se puede extender a otros ámbitos de
servicios públicos donde se ha cedido la gestión pública del agua, la
recogida de basuras o la gestión de hospitales a la iniciativa privada,
sin que ello suponga ninguna mejoría del servicio y en la mayoría de los
casos un encarecimiento del mismo.
Ya ni entro a hablar de las
privatizaciones de los otrora monopolios naturales o del coste final que
supone una obra civil respecto al presupuesto inicial. Pero no se
preocupen, no va a pasar nada.
Los ciudadanos pagaremos como siempre los
platos rotos; y si hace falta, más deuda soberana que financie éstos
desaguisados. En todos estos casos han actuado los buscadores de rentas,
lícitas o ilícitas.
Por eso debemos
incorporar en cualquier análisis el papel de las instituciones, lo que
Douglas North denominó las "reglas del juego" o las limitaciones
derivadas de esa estructura que surge de la interacción política,
económica y social.
En particular, la discusión sobre el papel
desempeñado por las instituciones (formales e informales) que dan origen
y soporte a la búsqueda de rentas o apropiación de la riqueza por parte
de ciertos grupos (los buscadores de rentas) a través de mecanismos no
competitivos.
Joseph Stiglitz en El Precio de la Desigualdad (2012),
especifica como la búsqueda de rentas que ahogan el crecimiento toma
muchas formas, desde transferencias ocultas, pasando por subsidios del
gobierno a grupos de presión, leyes que favorecen los oligopolios y una
aplicación laxa de leyes de competencia.
El colapso AP-6 y el agujero pensiones públicas
Permítanme
relacionar el colapso de la AP-6 y el agujero de las pensiones. España
es un ejemplo de libro donde los buscadores de rentas campan a sus
anchas. No solo en la búsqueda de concesiones administrativas, o la
recogida de basuras, por citar dos ejemplos.
Por encima de todos,
destacan aquellos que se apropian de las rentas de la tierra y demás
recursos naturales -espacio radioeléctrico,
yacimientos mineros, aguas…- y que han marcado nuestro modelo de
crecimiento económico.
Porque éste, especialmente en las últimas cinco
décadas, ha primado en exceso la especulación con el suelo, con su
traslado a los precios de los pisos y locales comerciales, generando una
de las mayores burbujas inmobiliarias de la historia. Mientras tanto
distintos monopolios y oligopolios se frotaban las manos bajo la
connivencia de las autoridades políticas.
Y
de aquellos barros estos lodos. Porque los problemas asociados al actual
sistema de pensiones público de reparto, y que obligan ya a financiar
las pensiones con deuda, tienen que ver con nuestro modelo productivo:
el estancamiento del crecimiento de los salarios, el problema
demográfico, la desigual distribución de la renta, y la caída de la
productividad.
Remediar el estancamiento de los salarios y la
desigualdad salarial, unido a un crecimiento de la productividad serían,
por lo tanto, partes intrínsecas que permitirían solucionar los
problemas de las pensiones públicas bajo el sistema de reparto. Pero
parece que no van a ir por ahí los tiros. Se requieres tiempo, y de ello
parece que ciertos políticos no disponen.
Todos
los problemas relevantes que afectan a España (deuda, salarios,
productividad, vivienda, empleo, pensiones…) se derivan de un injusto
sistema económico basado en la especulación y el control de vastos
sectores de la economía por oligopolios, como los bancos; y monopolios
como las eléctricas y otros, así como por un sistema fiscal que castiga a
los productores de riqueza y premia a los que viven del trabajo ajeno y
se apropian de la plusvalía del suelo y otros recursos creada por el
progreso social, violando la letra y el espíritu de nuestra
Constitución.
La única forma de mejorar la situación de los que viven de
su trabajo es modificando este sistema. No queda otra." (Juan Laborda, Vox Populi, 11/01/18)
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