"Las pensiones públicas se han visto siempre amenazadas, pero no por
las limitaciones económicas, sino por los intereses del sistema
financiero y de las fuerzas económicas. La ofensiva ha sido constante.
Ya en los años ochenta y noventa el sistema público sufrió varias
reformas, todas ellas encaminadas al empeoramiento de las condiciones
para los beneficiarios, pero ha sido en este siglo, con la llegada del
euro y principalmente con la crisis económica, cuando el ataque ha sido
férreo y ha afectado a los mismos cimientos del sistema.
Las pensiones públicas han estado en el centro de todas las políticas
de austeridad y de los diversos ajustes impuestos a los países miembros
por Bruselas. En España la agresión se inició en aquella fatídica noche
de mayo de 2010 en la que, contra toda lógica, Zapatero y su ministra
de Economía se entregaron sin resistencia alguna a las presiones de
Alemania. (...)
(...) pero se consumó y perfeccionó con la emprendida por Rajoy en 2013,
con efectos letales tanto por la eliminación de la actualización anual
de la pensión por el incremento del IPC, como por la concreción del
factor de sostenibilidad, que amenaza seriamente la cuantía de las
futuras prestaciones.
Todas estas modificaciones en el sistema han tenido un mismo origen,
la coacción, de una o de otra forma de Bruselas. Difícilmente se puede
hablar por tanto de haber superado la crisis, si no se les restituyen a
los pensionistas sus anteriores derechos. (...)
En el tema de las pensiones -que afecta tanto a los jubilados
actuales como a los futuros- se dan dos aspectos que, aunque conectados,
conviene separar. Uno es el de la actualización anual de las pensiones,
contemplado hasta en la Carta Magna; el otro es el de la solvencia del
sistema en el futuro.
La actualización o no de las pensiones por el IPC es un falso
problema que solo aparece como tal cuando se rodea de falacias. En la
época en la que estaba vigente la actualización de las prestaciones por
el IPC, si la inflación había crecido más de lo esperado y había que
pagar la correspondiente diferencia a los jubilados, casi todos los
medios de comunicación asumían la mentira de que representaba un coste
adicional al erario público, lo que no es cierto, ya que con la
inflación también se incrementan los ingresos del sector público en
igual o mayor cuantía.
Antiguamente muchas familias de economía modesta cuando iban a tener
un hijo afirmaban, con cierta ironía, esa especie de máxima de que los
niños traían un pan debajo del brazo, lo cual en la mayoría de los casos
no era cierto.
Pero algo parecido, y en esta ocasión sí que con razón,
se puede predicar del impacto de la inflación sobre el presupuesto del
Estado. La inflación viene con su financiación debajo del brazo, porque
si bien puede incrementar los gastos del Estado, también aumenta
automáticamente todos los ingresos.
Hacienda afirma que este año la recaudación impositiva va viento en
popa. La razón hay que buscarla ciertamente en que la economía en
términos reales está creciendo un 3%, pero también en el incremento de
los precios, que aumenta de forma automática los ingresos del Estado. No
hay, por lo tanto, ninguna razón para negarse a la actualización.
Rechazarla es tan solo aprovechar la inflación para hacer una
transferencia de recursos del colectivo de los pensionistas a las otras
aplicaciones presupuestarias o a la reducción del déficit.
La excusa que utiliza el Gobierno, y de alguna forma también
Ciudadanos, la carencia de recursos presupuestarios, no es aceptable. Es
un tema de elección, de decisión política. ¿Por qué el recorte tiene
que ser en las pensiones y no en otras partidas de gasto? ¿Por qué no en
defensa, en la financiación de las Comunidades Autónomas, en los gastos
de los Ayuntamientos o en las inversiones públicas?
¿Por qué no
prescindir de los compromisos adquiridos con Ciudadanos de bajada de
impuestos, de establecer los complementos salariales que en el fondo
suponen una subvención a los empresarios, o de reducir las cotizaciones
sociales? ¿Por qué quitar a los pensionistas lo que les corresponde para
dedicarlo a otras partidas quizás mucho más dudosas e inadecuadas?
La no actualización puede considerarse un robo, un verdadero expolio.
Constituye sin justificación un impuesto específico a los pensionistas.
Impuesto que tiene un carácter acumulativo, lo que produce a medio
plazo efectos devastadores en las pensiones. Imaginemos una inflación
promedio anual del 2%. El primer año la no actualización es equivalente a
un impuesto del 2%, el segundo año sería de un 4% (1,02 x 1,02), del 6%
el tercer año (1,02 x 1,02 x 1,02). Y así sucesivamente.
El año diez,
el impuesto acumulativo sería equivalente al 22%. El año veinte, el
impuesto sería del 48%. Es decir, para una persona que llevase 20 años
de jubilación, la pensión sin actualización anual sería la mitad de lo
que le correspondería si se hubiese actualizado año a año. (...)
La viabilidad del sistema público de pensiones no se puede cifrar en el
mero hecho de rebajar poco a poco las prestaciones, que es lo que se
lleva haciendo reforma tras reforma. Eso no es hacerlo viable, sino
destruirlo paso a paso. Además, así soluciona el problema cualquiera. El
remedio tampoco puede venir ni de la natalidad ni de la conciliación,
ni siquiera del empleo y de los salarios en sí mismos.
Para mostrar y
asegurar la viabilidad del sistema hay que sacar las pensiones del
estrecho margen de la Seguridad Social y de las cotizaciones y situarlo
entre todas las obligaciones del Estado y de un Estado Social que es el
que establece nuestra Constitución. (...)" (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 08/03/18)
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